Un lago y 16 ríos son envenenados por la minería en 7 departamentos
Un poblador de la localidad potosina de Canutillos observa la
contaminación causada por la ruptura del dique de colas de la minera
Santiago Apóstol, en agosto.
Fotos: Eduardo Schwartzberg, Pedro Laguna, Víctor Gutiérrez y archivo.
Caiza D está en alerta. Sus aulas tienen cada año
menos alumnos. Sus viviendas albergan cada año menos habitantes. En el
municipio potosino de la provincia José María Linares, la resignación es
el común denominador. “Hace tres años había 3.000 estudiantes
matriculados, ahora solamente son 2.484 en las 32 escuelas de la
región”, se lamenta el director distrital de Educación, Corsino Yapu,
quien no duda al identificar a la culpable: la contaminación minera.
La preocupación y la emigración en ese confín del este de Potosí igual
atañe a las comunidades de La Lava, Canutillos y Colavi. Todas están en
emergencia por la polución del río Colavi, que desemboca en el río
Pilcomayo que serpentea también por Chuquisaca y Tarija, hasta Argentina
y Paraguay. “Las familias están abandonando los pueblos porque la
tierra ya no es fértil y por los problemas de salud al consumir agua
contaminada”, resume Alfredo Bautista, encargado del colegio 21 de
Septiembre, en La Lava, aproximadamente a 50 kilómetros de la Villa
Imperial.
CONTAMINADOS. La secretaria de Medio
Ambiente y Madre Tierra, Ivana Bellido, confirma que esa zona es una de
las que mayor inquietud levanta por la explotación de minerales. “La
Lava es el lugar más conflictivo, allí hemos iniciado ocho procesos
administrativos contra operadoras mineras”. La Gobernación realizará
otras inspecciones este mes, aparte en el sudeste y en el norte del
departamento.
Los fantasmas de la polución minera
reaparecieron entre julio y agosto cuando la ruptura del dique de colas
de la mina Santiago Apóstol, cerca del Pilcomayo, obligó a 13 ingenios
de Canutillos y Colavi a paralizar actividades y provocó la movilización
de las autoridades para evaluar el daño ambiental. Aparte, se destapó
la ilegalidad imperante por la falta de licencias ambientales en
empresas mineras del área.
Lo ocurrido es simplemente
un lunar de lo que pasa en otras regiones. De acuerdo con un
cuestionario respondido por la Dirección General de Medio Ambiente, que
depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, al menos 16 ríos y un
lago de siete departamentos sufren por el derrame de desechos sólidos y
líquidos provenientes de la extracción de minerales. Más todavía, un
informe del Banco Mundial publicado el año pasado, titulado Gestión
ambiental en Bolivia, innovaciones y oportunidades, revela que existen
11 cuencas afectadas por este problema.
El estudio
también brinda otros datos para que sean apuntados por los ministerios
involucrados en el tema. “Alrededor del 63% de la población de una u
otra forma consume agua que procede de zonas mineras”, lo que se
convierte en un riesgo para la salud, y el “sector de la minería consume
3% del recurso hídrico en Bolivia”.
Al respecto, el
país ocupa el puesto 19 en el planeta en cuanto a reservas de agua
dulce, léase lagunas, lagos, ríos y arroyos (revisar nota de la página
11), establece la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés).
Para el Gobierno, el daño ambiental de los cuerpos naturales de agua no
solo tiene a la minería como culpable, sino a las poluciones domésticas
(aguas servidas), industriales y por hidrocarburos (leer nota de las
páginas 14 y 15). En cuanto a lo primero, la Dirección General de Medio
Ambiente indica que “la región del altiplano presenta probables
problemas de contaminación minera, es el caso del río más importante de
esta cuenca, el Desaguadero, que des- emboca en el Poopó (Oruro)”.
Diagnóstico que se repite en el principal río de la Cuenca del Plata,
el Pilcomayo, que abarca las regiones del altiplano, los valles y el
Chaco.
¿Y cuáles son los 17 depósitos hídricos que
son asolados por esta polución? En La Paz se encuentran el Suches, el
Mapiri, el Tipuani y el Guanay; en Oruro, el lago Poopó y los ríos
Huanuni, Choro, Machakamarka y Chuquiña, aunque en este último caso el
problema disminuyó, según reportes de la Corporación Minera de Bolivia
(Comibol). En Potosí, el Vitichi, el Caiza D y el nacimiento del
Pilcomayo; en Santa Cruz, el San Ramón; en Beni, el San Simón y el Madre
de Dios; en Pando, el Orthon y en Cochabamba, el río Punata.
Los contaminantes más recurrentes son los metales pesados como el
plomo, el cadmio, el zinc, el estaño, el cobre y el arsénico. La entidad
gubernamental explica que los impactos de esta labor extractivista
sobre las fuentes hídricas naturales son, sobre todo, cuatro: polución
de aguas y suelos por efecto de pasivos ambientales; contaminación de
aguas por operaciones en actividad; descarga y dispersión de mercurio en
explotaciones mineras e inestabilidad de taludes durante la explotación
de áridos y yacimientos aluviales.
El documento
Gestión ambiental en Bolivia, innovaciones y oportunidades sostiene que
los ríos más vulnerables a la polución minera se hallan en 11
cuencas: la del río Tumusla (donde confluyen los ríos Blanco, Cotagaita,
Fundación, Limata y Tumusla); la del San Juan del Oro (Tupiza, Tatasi,
Sococha y San Juan del Oro); la del Pilcomayo Alto; la del Caine (Caine,
Choyanta y Toco Paya); la del Grande (Grande); la del Desaguadero Bajo
(Desa- guadero, Santa Fe y Huanuni); la del lago Poopó; la del lago
Titicaca; la del río La Paz-Boope, la del Beni y la del Mamoré.
Sin embargo, hay otra víctima que no figura en esta lista: el río
Suches. La minería ilegal, artesanal es la que contamina este cuerpo de
agua que enlaza a Bolivia y Perú: nace en el país vecino y desemboca en
el lago Titicaca. Reportes de la Liga de Defensa del Medio Ambiente
(Lidema) apuntan al mercurio empleado por los trabajadores.
Inclusive se conformaron comisiones y se entablaron reuniones
bilaterales para hallar soluciones al problema, pero la situación sigue
en statu quo.
Una investigación de la organización no
gubernamental Faunagua (Instituto de Investigaciones Aplicadas de los
Recursos del Agua) postula que el panorama es muy desalentador. “Se
están empleando las aguas de la laguna Suches y la cuenca baja del río
Suches en la minería sin emplear piscinas de decantación, lo que implica
que el agua es retornada de forma directa al río afectando la calidad
natural del agua y en el caso de empleo de mercurio el agua no es
previamente tratada”.
El ingeniero Carlos Taja,
secretario de los Derechos de la Madre Tierra de la Gobernación de La
Paz, aclara que su dependencia no implementa un monitoreo específico de
los ríos del departamento”. Eso sí, comenta que para evitar el daño de
la minería en los depósitos hídricos, se controla y exige “la
implementación de medidas correctivas y preventivas, y la solicitud de
adecuación ambiental a través de la obtención de la licencia ambiental”.
Clasificación. Afirma que la problemática se concentra en ríos de los
Yungas. Informe La Razón constató este año y en 2012 que los pueblos
auríferos de Guanay, Tipuani, Mapiri y Teoponte, especialmente, utilizan
el mercurio sin ninguna política de conservación de los cauces. Y Taja
complementa que igualmente se realiza un estudio de clasificación de
cuerpos de agua en las cuencas altas de los ríos Beni y Desaguadero, con
la colaboración del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas.
La Dirección General de Medio Ambiente cuestiona que por la falta de
esta clasificación no se puede precisar qué ríos importantes del
territorio nacional están más contaminados que otros. El reglamento de
la Ley de Medio Ambiente determina que un cuerpo de agua es de clase A
si tiene aguas naturales aptas para el consumo humano; de clase B, si
posee aguas que para su consumo requieren tratamiento físico y
desinfección bacteriológica; de clase C, si alberga aguas que para el
consumo precisan de tratamiento físico-químico completo y desinfección
bacteriológica, y de clase D, si contiene aguas de calidad mínima que
pueden ser empleadas solamente en casos de necesidad pública y que
requieren de un proceso de presedimentación porque pueden tener una
elevada turbiedad por el elevado contenido de sólidos en suspensión, y
luego tratamiento físico-químico completo y desinfección bacteriológica
especial contra huevos y parásitos intestinales.
Desde la Gobernación potosina, la secretaria Bellido no se anima a
enumerar los ríos asediados por la minería. “En todo lado de Potosí hay
actividad minera”. Incluso pone reparos a los datos de la Dirección
General de Medio Ambiente, que apuntan al Vitichi, Caiza D y al
nacimiento del Pilcomayo. Argumenta que ello debe ser confirmado. “No
podemos dar esa información porque desconocemos cuál es el grado de
contaminación, veremos esto después de los resultados”.
EL REPORTAJE COMPLETO EN LA EDICIÓN ESPECIAL DE
INFORME LA RAZÓN, QUE CIRCULA ESTE LUNES 8 DE
SEPTIEMBRE JUNTO A NUESTRA EDICIÓN IMPRESA.
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