lunes, 22 de abril de 2013

De cerca de 80 comunidades contaminadas

Pobladores afectados marcharán por incumplimiento a normas ambientales



Coridup indica que no existieron avances en compromisos medioambientales
Pobladores de algo más de 80 comunidades afectadas por la contaminación minera marcharán porque no se están cumpliendo las normas ambientales, ni se encaran acciones para la remediación ambiental, las cuales están establecidas en el Decreto Supremo 035 que declara situación de emergencia ambiental a la subcuenca Huanuni.

El presidente de la Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero, los lagos Uru Uru y Poopó (Coridup), Félix Laime Tapia, manifestó que ante el incumplimiento de las autoridades en lo que respecta a la remediación ambiental, se determinó movilizarse el miércoles 24 de abril, señaló que la marcha partirá del puente Tagarete y concluirá en la Plaza 10 de Febrero donde se desarrollará un cabildo para determinar otras medidas a asumir.

Recordó que debido a las gestiones y movilizaciones de las comunidades afectadas por la contaminación ambiental minera, el 21 de octubre del 2009, el Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo 0335, que declara situación de emergencia ambiental a la subcuenca Huanuni, y compromete encarar acciones de remediación y mitigación; sin embargo, a la fecha no se hizo nada respecto a la contaminación minera.

Agregó que, por el contrario, ninguno de los operadores mineros cumple con las normas y dañan las aguas subterráneas, las tierras, y forrajes, generando un gran problema a los comunarios.

Manifestó que en la marcha participarán pobladores de cuatro subcuencas: Desaguadero, Poopó, Huanuni y Antequera.

Señaló que de forma paciente se esperó que las autoridades hagan cumplir las normas ambientales, pero se observa que nadie se preocupa, por ello están obligados a realizar esta manifestación para que de esta forma las autoridades tomen en cuenta las demandas que tienen.

Laime reprochó la actitud de las autoridades, porque a pesar de tener compromisos de inspeccionar los lugares afectados y analizar en mesas de trabajo la situación ambiental, no se hace nada.

Mencionó que en cumplimiento al Decreto 0335, Huanuni ya debería tener un dique de colas y hacer el tratamiento de aguas ácidas, pero esto no ocurre y las autoridades no dicen nada.

FUENTE: http://www.lapatriaenlinea.com/?t=pobladores-afectados-marcharan-por-incumplimiento-a-normas-ambientales&nota=141665

lunes, 15 de abril de 2013


Los usos y costumbres como elemento preexistente a los títulos de propiedad en el conflicto Quillacas – Coroma

Por: Israel Vásquez Blacutt (15 de abril de 2013)

1.     Introducción
En el proceso de saneamiento de tierras que desarrolla el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Bolivia, han resurgido conflictos de límites a causa de este proceso definitivo de entrega de títulos ejecutoriales. El más bullado, por comprender límites interdepartamentales, es el que suscita entre el Municipio Santuario de Quillacas (Oruro) con Coroma (Potosí).
Tradicionalmente se menciona que las costumbres preceden a las normas jurídicas; es decir, que las leyes están hechas en función a normas sociales que son practicadas recurrentemente y que luego son formalizadas bajo la configuración de memoria histórica a través de la legislación y documentos escritos. A veces, surgen momentos en los cuales nos preguntamos si en nuestro medio (en este caso el espacio geográfico en conflicto) ciertas leyes y ciertos documentos formales responden en efecto a las normas sociales, además de históricas, de los pueblos a los cuales se aplican.
Los usos[1] y las costumbres[2] son actos que se van reconfigurando a lo largo del tiempo, por ello son dinámicos y resulta frágil su consideración en procesos judiciales, pero además se debe tomar en cuenta que no atingen al último momento de la práctica de esos usos y costumbres, sino a todo un proceso histórico de desarrollo de una sociedad.
2.       Coroma
Hace 11 días la ministra de Autonomías, Claudia Peña, visitó la ciudad de Potosí, y sostuvo una reunión con autoridades originarias de Coroma y representantes del Comité Cívico Potosinista (COMPICO). Los últimos, exigen la incorporación de los “usos y costumbres” como elemento de prueba para la resolución del conflicto limítrofe. La ministra ha respondido: “Ni la ley ni en el decreto supremo que se está trabajando contemplan el tema de usos y costumbres. El 4 de septiembre del año pasado surgió esa propuesta de que nosotros estábamos hablando de usos y costumbres en el proyecto de ley, fue a través de un documento trucho[3]” Los pro-coroma, entonces, anuncian un amparo constitucional contra la Ley 339[4] para frenar su aplicación y además logran intimidar a la ministra, logrando que ella manifieste que este conflicto se halla amparado a la Ley 2150 y que se requiere el acuerdo de partes para ser regido por la Ley 399.
3.       La situación en la zona de conflicto
En marzo de este 2013, habitantes de Coroma ingresan al lugar de conflicto con el objetivo de barbechar el terreno para la siembra de la quinua[5]. Se trata de un terreno de 600 kilometros cuadrados vetado para ambas partes tras un acuerdo en meses previos. Los coromeños violan constantemente el acuerdo y procuran utilizar el terreno; he allí el argumento de usos y costumbres que ellos sostienen.
4.       Las pruebas de la titulación
Las autoridades de Coroma, en principio altivas, propusieron a finales del 2011, la solución a través de una ley especial y la aplicación de documentos ancestrales. Los mapas potosinos, pretendían demostrar que el lugar en conflicto, Rodeo, era parte del Departamento de Potosí desde 1859. Y entonces vino la respuesta…
5.       Quillacas y su fuerza histórica
Quillacas no es sólo un municipio más, de los 35 que existen en Oruro. Formó parte de una federación territorial que comprendían Killaqa, Asanaqi, Awllaqa-Uruquilla y Siwaruyu-Arakapi, constituyéndose en un poderoso señorío aymara, con alta importancia en los últimos momentos de Imperio Incaico, habiendo sido su mallku nombrado Inca, y teniendo gran legitimidad posterior sobre su pueblo en la encomienda consolidada en su territorio desde 1540(ABERCROMBIE, 2006). Si de documentos se trata, Quillacas puede reclamar propiedad sobre una buena parte de la zona norte del Salar de Uyuni.
El año 2010, Quillacas presenta 72 pruebas de colindancia entre Coroma y su territorio. El 2012, se comprueba la legalidad de dichos documentos ancestrales. El más notable data de 1571 donde “los jueces españoles identificaron los mojones de delimitación de las comunidades de Salinas, Pampa Aullagas y Quillacas[6]
Si bien, el gran territorio de Quillacas fue objeto de la encomienda a favor de Hernando de Aldana, Pedro de Hinojosa y el mismo Francisco Pizarro, la administración sobre los habitantes se realizaba a través de los “señores naturales”, en este caso los caciques Guarache y Acho y sus descendientes. La delimitación de los mojones de 1571, responde a todo un proceso de reconocimiento de usos y costumbres ancestrales y del asentimiento de los naturales y los españoles a cerca de los enunciados de los descendientes de Inca Colque, mallku de Quillacas.
Los documentos surgidos en aquella época (siglo XVI) responde a la legitimidad de un reconocimiento “ritual de linderos que llevaron a cabo los jueces componedores de tierras y los señores hereditarios nativos de Asanaqi, quienes así afirman sus pretensiones jurídicas al territorio y a continuación toman “posesión” legal arrancando plantas y echando piedras y terrones de tierra. Todos estos actos son debidamente registrados por el notario que acompaña a la comitiva, describiendo tanto las acciones realizadas como las características particulares de cada mojón. El título de propiedad resultante de este ritual notariado va destinado al archivo, creando una memoria archivística.” (ABERCROMBIE; 2006:47).
En marzo de 2012 el ministerio de Autonomías devuelve los documentos originales, los legalizados y testimonios presentados por Quillacas en el 2010, sin tener observación sobre alguno de ellos. Los habitantes de Quillacas dan una lección de memoria histórica al Ministerio de Autonomías, Al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a todos los archivos estatales, mostrándoles sus portentosos e irrefutables archivos locales.
Un concejal del Municipio Santuario de Quillacas, Nolasco Paca, nota además que con los documentos no sólo se pone en tela de juicio el mencionado, sino que surgen tres puntos de conflicto limítrofe, “Coroma – Quillacas, Coroma-Pampa Aullagas y Coroma- Salinas de Garci Mendoza”. Mencionando además que “los documentos presentados datan de la época de la colonia, del año 1571, y el más reciente de 1901-1904, suscrito por Eulogio Arce, presidente de la Comisión Delimitadora de la Cámara de Diputados, en 1900[7]”.
6.       Conclusión
En el pasado ya se demostró la carencia archivística de la parte Coroma, incluso la utilización de documentos fraguados, cuando en 1945 fueron desestimados por la Cámara de Diputados de Bolivia.
Por otra parte, la utilización de un discurso de usos y costumbres, queda desestimada. La memoria histórica, para el caso, viene de los usos y costumbres, no es ajena a ella. Además que esta práctica de justicia consuetudinaria sólo puede desarrollarse con la ley o sin la ley, pero nunca contra la ley; por ello nuevamente los habitantes de Coroma caen en error.
Quillacas, nuevamente, demuestra al Estado su potencial archivístico, su riquísima historia y su pujante presente, dada la presencia de la producción de quinua en su región. Además augura la justicia por parte de los tribunales del Estado Plurinacional para con sus legítimos derechos.


[1] OSORIO, Manuel (2005). Forma rudimentaria o inicial del derecho consuetudinario, que coexiste con la ley escrita.

[2] OSORIO, Manuel (2005). Hábito adquirido por la repetición de actos d ela misma especie. La costumbre puede ser segpun la ley y sirve para corroborar y desarrollar sus preceptos, y contra la ley, la que, en principio, carece de eficacia, pero que en ocasiones ha producido efectos jurídicos, especialmente en materia  comercial. Se admite la costumbre sin ley o según ley, pero no contra ley.
[3] Ver Periódico Los Tiempos de Cochabamba del 4 de abril de 2013.
[4] Ley de Unidades Territoriales que, en el tema en cuestión, derivaría en un juicio ante el Tribunal Supremo de Justicia.
[5] Ver Periódico La Razón del 5 de marzo de 2013.
[6] Ver El Diario. 18 de marzo de 2012
[7] Ver Potosí Online. 13 de marzo de 2012. http://potosionline.com/2012/03/13/autoridades-de-quillacas-mostraron-documentos-que-supuestamente-prueban-sus-derechos-sobre-zona-en-conflicto/

martes, 9 de abril de 2013

A los 52 años de funcionamiento de la represa

Regantes de Tacagua comprometidos a defender el agua y evitar actividad minera

Después de 52 años de funcionamiento de la represa de Tacuagua que está ubicada en el municipio de Challapata, los regantes de la Asociación de Usuarios del Sistema Nacional de Riego Nº 2 Tacagua mantienen su compromiso de defender el agua y evitar la actividad minera.
Ayer, en horas de la mañana, los regantes de Tacagua se instalaron en la plaza "Manuel de Castro y Padilla" para mostrar los productos agropecuarios que tiene Challapata, gracias a la represa.
El presidente de la asociación, Sixto Achá Hualca, manifestó que el propósito de esta demostración es para promocionar los productos que tienen, invitó a la población a participar el 14 de abril del acto central en conmemoración a los 52 años de funcionamiento de la represa y 20 años en defensa por el agua y lucha contra la actividad minera.
Manifestó que en algún tiempo intentó entrar a Challapata, una empresa minera canadiense para explotar mineral del cerro Achachucani que se encuentra frente a la Represa de Tacagua, pero como usuarios del sistema de riego rechazaron cualquier actividad de forma radical, incluso se efectuaron movilizaciones, marchas y de esta forma se paralizó la actividad.
"De forma constante estamos en estado de emergencia cualquier intento de empresa minera en el sector, nosotros lucharemos en defensa de la actividad y tener un trabajo digno de ganadería, para defender los riesgos que tiene la actividad minera en un centro agropecuario" sostuvo.
Explicó que hace 20 años se formó el primer comité de Defensa del Medio Ambiente de Challapata liderada por los regantes para evitar la contaminación del agua, para lo cual se tuvo que realizar bloqueos, marchas, pronunciamientos, campañas de sensibilización y difusión para hacer comprender a las empresas y autoridades, que la opción fundamental de desarrollo de Challapata es la actividad agrícola, ganadera y lechera por encima de las actividades extractivas no sostenibles y que degradan, vulneran a la Madre Tierra como señala la Ordenanza Municipal 45/2001 del Concejo Municipal de Challapata.
La represa de Tacagua ubicada en el municipio de Challapata, provincia Avaroa del departamento de Oruro, empezó a funcionar el año 1961 con capacidad de almacenamiento de 45 millones de metros cúbicos, actualmente beneficia a 1.200 usuarios y sus familias que orgánicamente distribuyen las aguas para garantizar la producción de forrajes como alfalfa, cebada y avena; y alimentar al ganado bovino, ovino.

Fuente: La Patria (2013). Noticia del 09 de abril de 2013

 

lunes, 8 de abril de 2013

Oruro en un momento de decisión estratégica

Por: Israel Vásquez Blacutt

 

La política del Presidente Morales, respecto a girar el comercio internacional hacia puertos peruanos, coloca al Departamento de Oruro en un momento de suspenso respecto a su cualidad de espacio cercano a las costas del Océano Pacífico. Oruro cuenta con dos puestos fronterizos (Tambo Quemado y Pisiga), que hasta el pasado año permitieron que el departamento se sitúe en el tercer lugar de recaudación de tributos aduaneros. Ernesto Zaconeta, Gerente Regional de la Aduana Nacional de Bolivia, informó que Tambo Quemado recaudó en la gestión 2012, 612 millones de bolivianos y Pisiga 141 millones de bolivianos. Estas sumas que se dirigen a las arcas del Estado Central, son muy superiores al pequeño monto que recibe el Departamento en retribución del mismo Estado ( para la gestión 2013, el departamento de Oruro tiene asignado 143 millones de bolivianos). La recaudación sólo de los tributos aduaneros en Oruro es de 1.107 millones de bolivianos, si tan sólo recibiéramos este monto, nuestro departamento septuplicaría sus ingresos.

Sin embargo, el tema económico pareciera que pasa un segundo plano en la mentalidad del Gobernador y los Asambleístas Departamentales. Hace pocas semanas nos vimos enfrascados en la polémica del cambio de nombre del Aeropuerto "Juan Mendoza". En la jornada del 8 de abril, surge una noticia sobre un análisis del Escudo Departamental para una posible transformación, otro tema que entorpece la política estratégica regional. ¿Es que el Gobernador y los Asambleístas, son proclives a la política centralista y del unitarismo clásico?.

¿Por qué no están proponiendo la solución a este embrollo que nos podría relegar de la estrategia de la administración central?. Mientras tanto, el Gobernador de La Paz diligente ha acudido al respaldo del Presidente, que significa, además, un apoyo al departamento de la Sede de Gobierno.

¡Qué haremos entonces los orureños?. El 2011, algunas autoridades originarias, tratando en relación a la construcción de la carretera Turco -Cosapa, sugerían construir una ruta alternativa que conecte a este último con Charaña y entonces tener la posibilidad de conexión con Arica y con el punto fronterizo tripartito que permita dirigirse desde Oruro hasta Ilo. En su momento, parecía no tener sentido de ser, dado que los orureños históricamente hemos puesto los ojos en Arica, primero, y luego en Iquique, dos puestos fronterizos estratégicamente relacionados a Oruro, con quienes solamente nos falta una mayor integración cultural. Hoy por hoy, es necesario proponer una alternativa caminera que favorezca al comercio del sur y del oriente boliviano. El Departamento de La Paz, utilizando su influencia, primero, y la oportunidad, después, pretende relegar, directa o indirectamente, a Oruro de este espacio caminero. Ante ello, lo que queda es proponer una mejor ruta.

La entonces propuesta de aquellas autoridades originarias en 2011, podría verse mejor estructurada en la siguiente ruta: Oruro, La Joya, Huayllamarca, Totora y Cuarahuara de Carangas y desde este punto, donde concluye el límite departamental, empalmar, no con Charaña, sino con el Hito IV, que se halla encima del punto fronterizo tripartito. Sobre la base de las potenciales acciones de las autoridades originarias de estos pueblos orureños, podemos gestionar que el Estado Central compense, en cierta manera al departamento, en razón a que con este giro de la política marítima, está complicando los anhelos de la estrategia departamental.

La ruta propuesta será beneficiosa a la mayoría de los departamentos de Bolivia. Potosí podrá llegar más pronto al Hito IV, fronterizo con Perú, por Oruro. Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y toda la carga de Brasil podrá tener esta alternativa de llegar a los puerto peruanos y chilenos por Oruro. La actual propuesta gubernamental sólo favorece a un departamento, La Paz, y no aprehende a los restantes.

Ante la expectativa de que las autoridades departamentales tomen acciones en pro de la colectividad, y dejen discusiones distractivas, podremos lograr posicionarnos nuevamente en la vida económica del país.