Los usos y costumbres como elemento preexistente a los títulos de propiedad en el conflicto Quillacas – Coroma

Por: Israel Vásquez Blacutt (15 de abril de 2013)

1.     Introducción

En el proceso de saneamiento de tierras que desarrolla el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Bolivia, han resurgido conflictos de límites a causa de este proceso definitivo de entrega de títulos ejecutoriales. El más bullado, por comprender límites interdepartamentales, es el que suscita entre el Municipio Santuario de Quillacas (Oruro) con Coroma (Potosí).

Tradicionalmente se menciona que las costumbres preceden a las normas jurídicas; es decir, que las leyes están hechas en función a normas sociales que son practicadas recurrentemente y que luego son formalizadas bajo la configuración de memoria histórica a través de la legislación y documentos escritos. A veces, surgen momentos en los cuales nos preguntamos si en nuestro medio (en este caso el espacio geográfico en conflicto) ciertas leyes y ciertos documentos formales responden en efecto a las normas sociales, además de históricas, de los pueblos a los cuales se aplican.

Los usos[1] y las costumbres[2] son actos que se van reconfigurando a lo largo del tiempo, por ello son dinámicos y resulta frágil su consideración en procesos judiciales, pero además se debe tomar en cuenta que no atingen al último momento de la práctica de esos usos y costumbres, sino a todo un proceso histórico de desarrollo de una sociedad.

2.       Coroma

Hace 11 días la ministra de Autonomías, Claudia Peña, visitó la ciudad de Potosí, y sostuvo una reunión con autoridades originarias de Coroma y representantes del Comité Cívico Potosinista (COMPICO). Los últimos, exigen la incorporación de los “usos y costumbres” como elemento de prueba para la resolución del conflicto limítrofe. La ministra ha respondido: “Ni la ley ni en el decreto supremo que se está trabajando contemplan el tema de usos y costumbres. El 4 de septiembre del año pasado surgió esa propuesta de que nosotros estábamos hablando de usos y costumbres en el proyecto de ley, fue a través de un documento trucho[3]” Los pro-coroma, entonces, anuncian un amparo constitucional contra la Ley 339[4] para frenar su aplicación y además logran intimidar a la ministra, logrando que ella manifieste que este conflicto se halla amparado a la Ley 2150 y que se requiere el acuerdo de partes para ser regido por la Ley 399.

3.       La situación en la zona de conflicto

En marzo de este 2013, habitantes de Coroma ingresan al lugar de conflicto con el objetivo de barbechar el terreno para la siembra de la quinua[5]. Se trata de un terreno de 600 kilometros cuadrados vetado para ambas partes tras un acuerdo en meses previos. Los coromeños violan constantemente el acuerdo y procuran utilizar el terreno; he allí el argumento de usos y costumbres que ellos sostienen.

4.       Las pruebas de la titulación

Las autoridades de Coroma, en principio altivas, propusieron a finales del 2011, la solución a través de una ley especial y la aplicación de documentos ancestrales. Los mapas potosinos, pretendían demostrar que el lugar en conflicto, Rodeo, era parte del Departamento de Potosí desde 1859. Y entonces vino la respuesta…

5.       Quillacas y su fuerza histórica

Quillacas no es sólo un municipio más, de los 35 que existen en Oruro. Formó parte de una federación territorial que comprendían Killaqa, Asanaqi, Awllaqa-Uruquilla y Siwaruyu-Arakapi, constituyéndose en un poderoso señorío aymara, con alta importancia en los últimos momentos de Imperio Incaico, habiendo sido su mallku nombrado Inca, y teniendo gran legitimidad posterior sobre su pueblo en la encomienda consolidada en su territorio desde 1540(ABERCROMBIE, 2006). Si de documentos se trata, Quillacas puede reclamar propiedad sobre una buena parte de la zona norte del Salar de Uyuni.

El año 2010, Quillacas presenta 72 pruebas de colindancia entre Coroma y su territorio. El 2012, se comprueba la legalidad de dichos documentos ancestrales. El más notable data de 1571 donde “los jueces españoles identificaron los mojones de delimitación de las comunidades de Salinas, Pampa Aullagas y Quillacas[6]”

Si bien, el gran territorio de Quillacas fue objeto de la encomienda a favor de Hernando de Aldana, Pedro de Hinojosa y el mismo Francisco Pizarro, la administración sobre los habitantes se realizaba a través de los “señores naturales”, en este caso los caciques Guarache y Acho y sus descendientes. La delimitación de los mojones de 1571, responde a todo un proceso de reconocimiento de usos y costumbres ancestrales y del asentimiento de los naturales y los españoles a cerca de los enunciados de los descendientes de Inca Colque, mallku de Quillacas.

Los documentos surgidos en aquella época (siglo XVI) responde a la legitimidad de un reconocimiento “ritual de linderos que llevaron a cabo los jueces componedores de tierras y los señores hereditarios nativos de Asanaqi, quienes así afirman sus pretensiones jurídicas al territorio y a continuación toman “posesión” legal arrancando plantas y echando piedras y terrones de tierra. Todos estos actos son debidamente registrados por el notario que acompaña a la comitiva, describiendo tanto las acciones realizadas como las características particulares de cada mojón. El título de propiedad resultante de este ritual notariado va destinado al archivo, creando una memoria archivística.” (ABERCROMBIE; 2006:47).

En marzo de 2012 el ministerio de Autonomías devuelve los documentos originales, los legalizados y testimonios presentados por Quillacas en el 2010, sin tener observación sobre alguno de ellos. Los habitantes de Quillacas dan una lección de memoria histórica al Ministerio de Autonomías, Al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a todos los archivos estatales, mostrándoles sus portentosos e irrefutables archivos locales.

Un concejal del Municipio Santuario de Quillacas, Nolasco Paca, nota además que con los documentos no sólo se pone en tela de juicio el mencionado, sino que surgen tres puntos de conflicto limítrofe, “Coroma – Quillacas, Coroma-Pampa Aullagas y Coroma- Salinas de Garci Mendoza”. Mencionando además que “los documentos presentados datan de la época de la colonia, del año 1571, y el más reciente de 1901-1904, suscrito por Eulogio Arce, presidente de la Comisión Delimitadora de la Cámara de Diputados, en 1900[7]”.

6.       Conclusión

En el pasado ya se demostró la carencia archivística de la parte Coroma, incluso la utilización de documentos fraguados, cuando en 1945 fueron desestimados por la Cámara de Diputados de Bolivia.

Por otra parte, la utilización de un discurso de usos y costumbres, queda desestimada. La memoria histórica, para el caso, viene de los usos y costumbres, no es ajena a ella. Además que esta práctica de justicia consuetudinaria sólo puede desarrollarse con la ley o sin la ley, pero nunca contra la ley; por ello nuevamente los habitantes de Coroma caen en error.

Quillacas, nuevamente, demuestra al Estado su potencial archivístico, su riquísima historia y su pujante presente, dada la presencia de la producción de quinua en su región. Además augura la justicia por parte de los tribunales del Estado Plurinacional para con sus legítimos derechos.

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[1] OSORIO, Manuel (2005). Forma rudimentaria o inicial del derecho consuetudinario, que coexiste con la ley escrita.

[2] OSORIO, Manuel (2005). Hábito adquirido por la repetición de actos d ela misma especie. La costumbre puede ser segpun la ley y sirve para corroborar y desarrollar sus preceptos, y contra la ley, la que, en principio, carece de eficacia, pero que en ocasiones ha producido efectos jurídicos, especialmente en materia  comercial. Se admite la costumbre sin ley o según ley, pero no contra ley.

[3] Ver Periódico Los Tiempos de Cochabamba del 4 de abril de 2013.

[4] Ley de Unidades Territoriales que, en el tema en cuestión, derivaría en un juicio ante el Tribunal Supremo de Justicia.

[5] Ver Periódico La Razón del 5 de marzo de 2013.

[6] Ver El Diario. 18 de marzo de 2012

[7] Ver Potosí Online. 13 de marzo de 2012. http://potosionline.com/2012/03/13/autoridades-de-quillacas-mostraron-documentos-que-supuestamente-prueban-sus-derechos-sobre-zona-en-conflicto/