El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) hasta la fecha tiene 3,8
millones de hectáreas saneadas en el departamento de Oruro, lo que
representa un 83 por ciento de la superficie aproximada que involucra
éste trabajo.
La mayoría de las hectáreas saneadas son producto
de los nueve años del trabajo a nuestro cargo, indicó Julio David Cepeda
Martínez, director departamental del INRA en Oruro.
"En Oruro la
superficie aproximada que se debe sanear es de 4,7 millones de
hectáreas, que ya las hemos identificado. De esas, el 83 por ciento, o
sea 3,8 millones de hectáreas, ya han sido saneadas y se han entregado
los títulos a los beneficiarios", indicó Cepeda.
También explicó
que si bien aún resta un 17 por ciento por titular, el ocho por ciento
se encuentra con proyecto de resolución final de saneamiento, mientras
que el restante ocho por ciento en etapa de campo.
Por su parte,
el coordinador nacional del INRA, Juan de Dios Fernández, valoró el
trabajo realizado en Oruro y manifestó que es decisión del actual
gobierno poner en orden la situación de las tierras.
"Hasta antes
de la gestión del Presidente Evo, en todo el departamento de Oruro, se
entregaron alrededor de 17 títulos y no eran más de 170.000 hectáreas
saneadas; en todo este periodo hemos hecho más tres millones y hemos
gastado en total como tres millones de dólares, entonces se ha hecho un
esfuerzo muy grande", indicó.
NACIONAL
A nivel nacional
las tierras saneadas alcanzan a 71 millones de hectáreas, 62 logradas en
la gestión de Morales; restarían alrededor de 35 millones de hectáreas.
"Estamos entregando a nivel nacional casi todos los días los títulos porque creemos que es fundamental garantizar el derecho propietario de estas tierras", agregó Fernández.
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miércoles, 17 de diciembre de 2014
miércoles, 10 de diciembre de 2014
Hay avances en conflictos de límites con Potosí
Yamile Gutiérrez, directora de Límites, mientras brindaba su informe
Yamile Gutiérrez López, responsable de esta dirección, informó que la presente gestión se dividió el trabajo en dos: por un lado los límites intradepartamentales y por otro los interdepartamentales.
"Durante el primer semestre hemos estado escasos de personal. Ha sido una falencia en la parte técnica que ha retrasado un poco el trabajo; sin embargo se ha superado esto. Para el segundo semestre, completamos el equipo de trabajo en las áreas legal, técnica y social. A partir de aquello hemos podido abarcar y atender varios tramos y colindantes del departamento, particularmente los límites interdepartamentales", señaló.
El principal logro de la gestión, según Gutiérrez, fue conseguir la promulgación de la Ley 496 de delimitación interdepartamental entre Oruro y Potosí, en el tramo de colindancia denominado "Ayllus en Paz", que se extiende por varias comunidades de ambos departamentos. "Existen además avances en los procesos Coroma – Quillacas y Culta Tinquipaya", agregó.
La Dirección de Límites de la Gobernación, durante este año trabajó en la socialización de la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales. Se realizó esta labor en coordinación con las comunidades involucradas.
Asimismo, Gutiérrez dijo que en los procesos de delimitación se realizó trabajos de campo, georeferenciación, levantamiento topográfico, verificación en inspección. "Así también con la revisión de archivos nacionales que se encuentran en Sucre y Potosí, los de la provincia Poopó, de nuestra propia institución y del órgano judicial", aseveró.
Admitió que aún existe mucho por hacer, pero que el 2014 deja un balance positivo, y que ya se realizan trabajos preliminares para encausar la próxima gestión.
lunes, 15 de abril de 2013
Los usos y costumbres como elemento preexistente a los títulos de propiedad
en el conflicto Quillacas – Coroma
Por: Israel Vásquez
Blacutt (15 de abril de 2013)
1. Introducción
En el proceso de saneamiento de
tierras que desarrolla el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en
Bolivia, han resurgido conflictos de límites a causa de este proceso definitivo
de entrega de títulos ejecutoriales. El más bullado, por comprender límites
interdepartamentales, es el que suscita entre el Municipio Santuario de
Quillacas (Oruro) con Coroma (Potosí).
Tradicionalmente se menciona que
las costumbres preceden a las normas jurídicas; es decir, que las leyes están
hechas en función a normas sociales que son practicadas recurrentemente y que
luego son formalizadas bajo la configuración de memoria histórica a través de
la legislación y documentos escritos. A veces, surgen momentos en los cuales
nos preguntamos si en nuestro medio (en este caso el espacio geográfico en
conflicto) ciertas leyes y ciertos documentos formales responden en efecto a
las normas sociales, además de históricas, de los pueblos a los cuales se
aplican.
Los usos[1]
y las costumbres[2] son
actos que se van reconfigurando a lo largo del tiempo, por ello son dinámicos y
resulta frágil su consideración en procesos judiciales, pero además se debe
tomar en cuenta que no atingen al último momento de la práctica de esos usos y
costumbres, sino a todo un proceso histórico de desarrollo de una sociedad.
2. Coroma
Hace 11 días la ministra de
Autonomías, Claudia Peña, visitó la ciudad de Potosí, y sostuvo una reunión con
autoridades originarias de Coroma y representantes del Comité Cívico
Potosinista (COMPICO). Los últimos, exigen la incorporación de los “usos y
costumbres” como elemento de prueba para la resolución del conflicto limítrofe.
La ministra ha respondido: “Ni la ley ni en el
decreto supremo que se está trabajando contemplan el tema de usos y costumbres.
El 4 de septiembre del año pasado surgió esa propuesta de que nosotros
estábamos hablando de usos y costumbres en el proyecto de ley, fue a través de
un documento trucho[3]”
Los pro-coroma, entonces, anuncian un amparo constitucional contra la Ley 339[4]
para frenar su aplicación y además logran intimidar a la ministra, logrando que
ella manifieste que este conflicto se halla amparado a la Ley 2150 y que se requiere
el acuerdo de partes para ser regido por la Ley 399.
3. La situación en
la zona de conflicto
En marzo de este 2013, habitantes de Coroma ingresan al lugar de conflicto
con el objetivo de barbechar el terreno para la siembra de la quinua[5].
Se trata de un terreno de 600 kilometros cuadrados vetado para ambas partes
tras un acuerdo en meses previos. Los coromeños violan constantemente el
acuerdo y procuran utilizar el terreno; he allí el argumento de usos y
costumbres que ellos sostienen.
4. Las pruebas de
la titulación
Las autoridades de Coroma, en principio
altivas, propusieron a finales del 2011, la solución a través de una ley
especial y la aplicación de documentos ancestrales. Los mapas potosinos,
pretendían demostrar que el lugar en conflicto, Rodeo, era parte del
Departamento de Potosí desde 1859. Y entonces vino la respuesta…
5.
Quillacas y su fuerza histórica
Quillacas no es sólo un municipio
más, de los 35 que existen en Oruro. Formó parte de una federación territorial
que comprendían Killaqa, Asanaqi, Awllaqa-Uruquilla y Siwaruyu-Arakapi,
constituyéndose en un poderoso señorío aymara, con alta importancia en los
últimos momentos de Imperio Incaico, habiendo sido su mallku nombrado Inca, y
teniendo gran legitimidad posterior sobre su pueblo en la encomienda
consolidada en su territorio desde 1540(ABERCROMBIE, 2006). Si de documentos se
trata, Quillacas puede reclamar propiedad sobre una buena parte de la zona
norte del Salar de Uyuni.
El año 2010, Quillacas presenta
72 pruebas de colindancia entre Coroma y su territorio. El 2012, se comprueba
la legalidad de dichos documentos ancestrales. El más notable data de 1571 donde “los jueces españoles identificaron los mojones
de delimitación de las comunidades de Salinas, Pampa Aullagas y Quillacas[6]”
Si bien, el gran territorio de Quillacas fue objeto de la encomienda a
favor de Hernando de Aldana, Pedro de Hinojosa y el mismo Francisco Pizarro, la
administración sobre los habitantes se realizaba a través de los “señores
naturales”, en este caso los caciques Guarache y Acho y sus descendientes. La
delimitación de los mojones de 1571, responde a todo un proceso de
reconocimiento de usos y costumbres ancestrales y del asentimiento de los
naturales y los españoles a cerca de los enunciados de los descendientes de
Inca Colque, mallku de Quillacas.
Los documentos surgidos en aquella época (siglo XVI) responde a la
legitimidad de un reconocimiento “ritual de linderos que llevaron a cabo los
jueces componedores de tierras y los señores hereditarios nativos de Asanaqi,
quienes así afirman sus pretensiones jurídicas al territorio y a continuación
toman “posesión” legal arrancando plantas y echando piedras y terrones de
tierra. Todos estos actos son debidamente registrados por el notario que
acompaña a la comitiva, describiendo tanto las acciones realizadas como las
características particulares de cada mojón. El título de propiedad resultante
de este ritual notariado va destinado al archivo, creando una memoria
archivística.” (ABERCROMBIE; 2006:47).
En marzo de 2012 el ministerio de Autonomías devuelve los documentos
originales, los legalizados y testimonios presentados por Quillacas en el 2010,
sin tener observación sobre alguno de ellos. Los habitantes de Quillacas dan
una lección de memoria histórica al Ministerio de Autonomías, Al Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a todos los archivos estatales,
mostrándoles sus portentosos e irrefutables archivos locales.
Un concejal del Municipio
Santuario de Quillacas, Nolasco Paca, nota además que con los documentos no
sólo se pone en tela de juicio el mencionado, sino que surgen tres puntos de
conflicto limítrofe, “Coroma – Quillacas, Coroma-Pampa Aullagas y Coroma-
Salinas de Garci Mendoza”. Mencionando además que “los documentos presentados
datan de la época de la colonia, del año 1571, y el más reciente de 1901-1904,
suscrito por Eulogio Arce, presidente de la Comisión Delimitadora de la Cámara
de Diputados, en 1900[7]”.
6. Conclusión
En el pasado ya se demostró la
carencia archivística de la parte Coroma, incluso la utilización de documentos
fraguados, cuando en 1945 fueron desestimados por la Cámara de Diputados de
Bolivia.
Por otra parte, la utilización de
un discurso de usos y costumbres, queda desestimada. La memoria histórica, para
el caso, viene de los usos y costumbres, no es ajena a ella. Además que esta
práctica de justicia consuetudinaria sólo puede desarrollarse con la ley o sin
la ley, pero nunca contra la ley; por ello nuevamente los habitantes de Coroma
caen en error.
Quillacas, nuevamente, demuestra
al Estado su potencial archivístico, su riquísima historia y su pujante presente,
dada la presencia de la producción de quinua en su región. Además augura la
justicia por parte de los tribunales del Estado Plurinacional para con sus
legítimos derechos.
[1] OSORIO, Manuel (2005). Forma
rudimentaria o inicial del derecho consuetudinario, que coexiste con la ley
escrita.
[2] OSORIO, Manuel (2005). Hábito adquirido
por la repetición de actos d ela misma especie. La costumbre puede ser segpun
la ley y sirve para corroborar y desarrollar sus preceptos, y contra la ley, la
que, en principio, carece de eficacia, pero que en ocasiones ha producido
efectos jurídicos, especialmente en materia
comercial. Se admite la costumbre sin ley o según ley, pero no contra
ley.
[3] Ver Periódico Los Tiempos de
Cochabamba del 4 de abril de 2013.
[4] Ley de Unidades Territoriales que,
en el tema en cuestión, derivaría en un juicio ante el Tribunal Supremo de
Justicia.
[5] Ver Periódico La Razón del 5 de
marzo de 2013.
[6] Ver El Diario. 18 de marzo de 2012
[7] Ver Potosí Online. 13 de marzo de
2012. http://potosionline.com/2012/03/13/autoridades-de-quillacas-mostraron-documentos-que-supuestamente-prueban-sus-derechos-sobre-zona-en-conflicto/
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