NO COMPREMOS NI PERMITAMOS LA VENTA DE ROPA USADA EN LA CIUDAD.
Comerciantes de ropa usada denuncian atropellos del COA

Marcha masiva de comerciantes de prendería usada
Cientos de comerciantes de prendería usada de
diferentes sectores de la ciudad, ayer se movilizaron inaugurando el
primer congreso departamental de este sector. Denunciaron una serie de
atropellos por parte de efectivos del Control Operativo Aduanero (COA)
que evita que realicen esta actividad económica además exigen la
abrogación del Decreto Supremo 28761.
Esta movilización se produjo como una reivindicación social de este sector para inaugurar el ampliado departamental que se de-
sarrolló
en ambientes de la Federación Departamental de Choferes "San
Cristóbal", donde unificaron fuerzas y eligieron a su nuevo ejecutivo
departamental, Juan Zenteno.
"Hoy (ayer) estamos demostrando la
unidad del sector de comerciantes de prendería usada, haciendo conocer
al Gobierno nuestras demandas por lo diferentes abusos que sufrimos por
parte del COA, siendo atropellados en los controles que desarrollan como
si nuestra mercadería sería droga, también exigimos la abrogación del
Decreto Supremo 28761", indicó Zenteno.
Mediante el Decreto
Supremo 28761 de 2006, el Gobierno prohibió la importación de prendería
usada a partir del 21 de abril de 2007, además de la comercialización en
territorio nacional desde el 1 de marzo de 2008, plazo que fue ampliado
hasta el 1 de abril de 2009, a través del Decreto Supremo 29521.
"Ahora
estamos unidos, no como en otros tiempos en que se había logrado
dividirnos, haciéndonos creer el tema de la reconversión para generar
nuevas fuentes de trabajo, pues de ese proyecto a Oruro no llegó nada,
por ello es que estamos en estado de emergencia, agotaremos las
instancias de diálogo y si no tenemos respuestas nos movilizaremos a
nivel nacional", aseguró Zenteno.
CRECIMIENTO
Zenteno dijo
que en Oruro existen cerca de 40 mil familias que se dedican a esta
actividad, y que este negocio tiende a crecer por la falta de empleo y
cierre de empresas que se genera en el departamento.
"Somos 40
mil familias que vendemos mercadería de retorno o a medio uso, no
afectamos a nadie, y a diario crecemos por la falta de trabajo, pedimos
al Gobierno que genere fuentes de trabajo si quiere que dejemos esta
actividad, o que nos permita trabajar como lo hacemos hasta ahora
aportando al Estado, queremos tributar pero no nos dejan", indicó.