Como orureños demos más importancia al medio ambiente sobre La Ley Minera

Aprobación de la nueva ley minera

Editorial

viernes, 06 de junio de 2014

Álvaro García Linera, que fungía de Presidente en funciones debido a que Evo Morales estaba fuera del país, promulgó la nueva Ley de Minería y Metalurgia en un acto político realizado frente a la Gobernación de Oruro. García Linera, en un lenguaje que posee grandes reminiscencias con el de la Revolución Nacional de 1952, dijo que la ley "tiene olor a mina”, y que ha dejado atrás "las leyes perfumadas” de la "aristocracia” y los "olores extranjeros”. Siguiendo el mismo estilo de la Revolución Nacional, el Vicepresidente añadió que "los mineros”, en alianza con "el presidente Evo” ingresan "en la historia con sello de oro, ya que es la primera ley minera hecha por los propios actores mineros”.
Según García Linera, la nueva norma "permitirá potenciar la minería estatal” y cobrará elevados impuestos al sector privado, cuya ganancia estará gravada, anunció, por entre un 55% y un 63% de impuestos. Al mismo tiempo, volvió a halagar a los cooperativistas mineros, a quienes les prometió, como ha venido sucediendo en los últimos ocho años, más y mejores yacimientos mineros.
El polémico artículo 151 del antiguo proyecto de ley, que permitía que las cooperativas mineras pudieran suscribir contratos de asociación con empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, fue anulado. Esa posibilidad ya no existe más. En defensa de esos derechos, la dirigencia de los cooperativistas mineros se enfrentó al Gobierno y se produjeron fuertes choques, con saldos de heridos y muertos.
Sí pueden hacer asociaciones las empresas denominadas "privadas” con compañías extranjeras.
El Vicepresidente, como ya ha señalado anteriormente, colocó como agentes positivos de desarrollo a los cooperativistas y al Estado, al que prometió dotar de nuevos yacimientos (cosa que no condice con lo sucedido en los últimos años, cuando la Comibol ha perdido vetas y yacimientos a manos de los cooperativistas). Como un actor menos favorable puso al sector "privado”, es decir, a la empresa minera mediana y a la extranjera.
Esa forma de retratar la realidad no es del todo correcta. Los cooperativistas son privados; de hecho, son el sector privado menos productivo, el que más afecta al medio ambiente, el que menos respeta los derechos de los trabajadores y el que menos impuestos paga. El Gobierno lo apoya debido a que, supuestamente, no está motivado por el lucro y no arroja utilidades, lo que, evidentemente, es falso. Lo que sí es verdad es que los cooperativistas ofrecen un apoyo político innegable a la gestión gubernamental, que al parecer las autoridades buscan capitalizar.
Según García Linera, la nueva norma "permitirá potenciar la minería estatal” y cobrará elevados impuestos al sector privado, de entre 55% y 63%.