Grafitis y afiches invaden paredes de propiedades públicas y privadas
Grafitis en el piso de la pasarela de la 6 de Agosto y Montesinos
"Es lamentable, la juventud de ahora no respeta nada miren cómo la pasarela nueva esta pintarrajeada, los establecimientos educativos ni qué decir, y peor nuestras viviendas, uno no tiene el derecho de pintar y dejar bonita la fachada de su casa, creo que las autoridades tienen que ser más estrictas en cuanto a las normas", expresó molesta la ciudadana, Laura Herrera.
Las pasarelas de la calle Montesinos, sobre la avenida 6 de Agosto y la Villarroel sobre la 6 de Octubre, sirvieron de mural para grafitis, mensajes de amor, venganza y otros, incluso insultos.
Las fachadas de establecimientos educativos, propiedades privadas o públicas que están en frente, también tienen el mismo tipo de mensajes, incluso dibujos, además de propaganda política desde las pasadas elecciones generales.
AFICHES
Por las noches jóvenes, señoritas e incluso personas adultas, se dedican a pegar afiches de toda índole en paredes de edificios públicos y privados, además de postes de alumbrado público, uno sobre otro, dejando una cantidad innumerable de anuncios, de todo tipo.
"Deberían de sancionar a las personas que pegan avisos de todo tipo en las calles, acaso las casas son para eso, no creo que a nadie le guste que en su casa pongan letreros para todo tipo de actividades. Lo más preocupante es que existen ofertas de trabajos fáciles, que deberían ser investigados", alarmado explicó otro vecino, José Méndez.
ORDENANZA
La Ordenanza 27/08 indica que queda terminantemente prohibido pintarrajear, la inscripción de grafitis, mensajes con cualquier tipo de alusión o motivación, asimismo el pegado de afiches, panfletos y toda propaganda literal o gráfica, con fines publicitarios o de otra índole en las paredes, fachadas, puertas o infraestructuras de bienes inmuebles públicos y privados dentro la jurisdicción municipal de la ciudad de Oruro.
Además, establece que las personas que sean sorprendidas en flagrancia en este tipo de actos serán aprehendidas por funcionarios municipales, propietarios afectados o cualquier ciudadano, a objeto de ser puestos inmediatamente a disposición del Ministerio Público, en los demás casos serán sujetos a investigación penal.
Además, puntualiza que el cumplimiento de esta norma es responsabilidad del alcalde o alcaldesa a través de la Oficialía Mayor de Cultura y Desarrollo humano ahora secretarías municipales y la Unidad de Defensa del Consumidor en coordinación con el Comando de la Policía Departamental.
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